Información extraído de la Agencia EFE
Los defensores de derechos humanos de América Latina se enfrentan a un aumento de la violencia, las agresiones y los procesos penales infundados en su contra, advierten sendos informes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentados hoy en Panamá.
Los relatores sobre defensores de derechos humanos de ambas organizaciones aseguraron que los activistas siguen siendo amenazados por compañías que desarrollan proyectos en sus comunidades, pero también por los Estados.
Una costumbre que se afianza y que preocupa a ambos organismos en en América Latina es el uso indebido del derecho penal para criminalizar y desprestigiar a los defensores, así como para impedirles su trabajo.
El relator especial de la CIDH, José de Jesús Orozco, advirtió en su informe de esta manipulación del poder punitivo del Estado por el uso de controvertidos tipos penales como inducción a la rebelión, terrorismo o sedición.
Orozo aseguró en el evento de presentación que en muchos casos este tipo de criminalización viene precedida por declaraciones estigmatizantes de parte de funcionarios que tildan a los defensores de traidores, terroristas, entre otras ofensas, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia.
Además incluye en su informe que debido a la corrupción, fiscales y jueces se prestan a la persecución penal, no toman en cuenta los instrumentos internacionales, e incluso aumentan la presión al poner cauciones muy altas que impiden a estas personas defenderse en libertad.
“Esta situación es de suma preocupación para la CIDH ya que el uso indebido del aparato del Estado en contra de los defensores no solo interfiere con su trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que estos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho”, dijo Orozco.
El informe, “Criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos”, advierte que los defensores de la tierra y el medioambiente, de los derechos laborales, sexuales y reproductivos y de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) son los que con mayor frecuencia enfrentan procesos de criminalización en América.
El relator especial de la ONU para este tema, Michel Forst, presentó a su vez un trabajo sobre el asesinato de defensores, una situación que, dijo, ha aumentado, especialmente contra los activistas por el medioambiente y la tierra.
De acuerdo con el último informe de Global Witness, citado por Forst, de 2014 a 2015 se incrementó en un 59 % el asesinato de defensores, con un total de 185 homicidios el año pasado.
Forst calificó como el principal prepetrador de crímenes a la industria extractiva, seguida de las actividades de explotación de recursos naturales, como la deforestación y la pesca masiva, contextos que impactan directamente a defensores de Honduras, México, Brasil y Perú.
El informe “Antepusieron la verdad al poder y fueron asesinados y asesinadas a sangre fría” registra que la mayoría de asesinatos de líderes defensores del medioambiente ocurre en América Latina y en Asia, donde también se recrudecen otras formas de violencia como los ataques a las familias, el acoso sexual y judicial, las desapariciones, entre otras.
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