El portal progubernamental Misión Verdad recientemente ha publicado un artículo donde desacredita a la ONG Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) por la emisión de un presunto estudio falso sobre el agravamiento y extensión de la minería ilegal en los últimos años, en el cual se reporta que el 85% de la misma se encuentra ubicada en el Amazonas de Venezuela, siendo esta permitida y pactada por el Gobierno de Nicolás Maduro a través del decreto del Arco Minero del Orinoco, el cual otorga concesiones a empresas extranjeras y nacionales para la explotación de los recursos mineros. De acuerdo al artículo, la información carece de sustento y veracidad, alegando que la mencionada ONG se constituye como un apéndice de grandes corporaciones trasnacionales, quienes las financian y enriquecen, y por lo tanto, sirve a sus intereses funcionando como agencias de relaciones públicas.

Título original: El País de España lo hace de nuevo: opina sin saber nada sobre el Arco Minero

Fecha: 09 de septiembre de 2019

Textualmente el artículo expresa: 

El miércoles 4 de septiembre El País español publicó una nota llamada “La fiebre del oro arrasa la Amazonía venezolana”, firmada por Florantonia Singer, que presenta una serie de conjeturas mezcladas con información incompleta y sesgada respecto al tema de la minería ilegal en Venezuela.

La frase que abre el escrito afirma, sin data que lo sustente, que “La minería ilegal se ha disparado en Venezuela en la última década y en mayor proporción desde la firma en 2016 del decreto del Arco Minero del Orinoco, por parte del régimen de Nicolás Maduro, que abrió la extracción de oro y otros minerales con concesiones a empresas extranjeras y nacionales, con la intención -fallida- de regularizar la minería ilegal, un mal endémico en el sur del país”.

Luego hace mención a un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en la que se reporta el insólito dato de que el 85% de los puntos de minería ilegal de la Amazonía están en territorio venezolano. Uno de los “expertos” aludidos por Singer expone que la minería ilegal ha sido permitida por el gobierno de Maduro y que la mayoría de la extracción de oro “se va por los caminos verdes y no llega a las arcas del Banco Central de Venezuela”.

Atribuye el “agravamiento” de la situación a “la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela” y la relaciona con el aumento del precio del oro en el mundo estimulado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la “debacle” económica de Venezuela, diciendo que el cuadro “ha impulsado una minería de supervivencia con una devastación masiva del ambiente y con violaciones de derechos humanos”.

Extrañamente no menciona la agresión continuada de Estados Unidos y sus aliados regionales contra Venezuela como causa de “la debacle”, tampoco se menciona el debilitamiento global del dólar entre los factores influyentes del aumento del oro.

LAS ONG, ENTRE EL GOLPE CONTINUADO Y LA ECOLIMPIEZA (O GREENWASHING)
El escrito, que enuncia una serie de opiniones y dictámenes de ONG, aparece en medio de la vorágine mediática que han ocasionado los incendios en la Amazonía desde hace varias semanas.

Tales eventos han puesto en evidencia tanto la hipocresía mundial respecto al tema ambiental en nuestros países-mina como las tensiones entre las élites respecto al modo en que se quieren repartir nuestra naturaleza, con nosotros los asalariados dentro, claro está.

Se trata de los estertores de una campaña financiada por el magnate George Soros, Google, la National Endowment for Democracy (NED), la USAID a través del Centro Internacional de Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Confederación Suiza.

Cabe recordar que Estados Unidos y Suiza fueron los principales compradores de oro de Venezuela entre 2010 y 2015; ya hemos reseñado datos que revelan la participación de otros países vecinos como Curazao en la imposición del caos en el proyecto del Arco Minero.

También es preciso recordar que la mencionada RAISG es financiada por patrocinantes como la Fundación Gordon y Betty Moore (dueños de la empresa fabricante de microprocesadores Intel) que promueven mecanismos mercantilizadores de la naturaleza como REDD+.

La RAISG es un consorcio de organizaciones ambientalistas con fuerte financiamiento transnacional (Foto: RAISG)

Los intereses de estas ONG conservacionistas y de las grandes corporaciones se han vuelto más claros. Las corporaciones, por un lado, han estado utilizando a estas ONG como sus mejores agencias de relaciones públicas ecológicas; si se les paga la cantidad correcta de dinero, y los fondos de las ONG, por otro lado, crecen más dependiendo de las “contribuciones” de estas mismas corporaciones.

LA CONDICIÓN DE PAÍS-MINA, ¿FIEBRE O SISTEMA?
La llamada “fiebre del oro” es la expresión más acabada de una complejidad detonada por la división internacional del trabajo entre países industrializados y productores de materias primas, es el efecto más evidente de la globalización capitalista a partir del siglo XIX.

Además, gran parte de la producción minera mundial está bajo control de empresas transnacionales y dirigida a la exportación hacia los países del norte. No es una pasantía febril, es una arquitectura global que gobierna y determina nuestras vidas.

Es importante aclarar que nada cuanto ocurre en las zonas mineras del mundo está fuera de la influencia de los grandes centros globales de comercio de oro, diamantes y otros minerales llamados “preciosos”. En dichos centros se maneja desde el equipamiento de empresas mineras hasta las maquinarias de muchos emplazamientos mineros ilegales.

El control sobre el proceso de refinado y transformación de los minerales en países periféricos (o del Sur Global) sigue, en gran parte, en manos del centro (o Norte Global), incluso tras las nacionalizaciones de los años 70. Los gobiernos periféricos obtienen tecnologías para transformar la extracción a través de más créditos y más endeudamiento, pero nunca logran completar la cadena productiva debido a que no determinan las condiciones del mercado.

Por otro lado, las compañías mineras introducen constantes innovaciones en sus procesos de transformación de los minerales, por lo que las empresas públicas no pueden seguir su ritmo, en cuanto a la inversión conjunta entre empresas transnacionales y estatales para proyectos de explotación de minerales.

La participación nacional en el capital de estas explotaciones suele ser muy reducida, dado que el principal obstáculo es precisamente la baja acumulación de capital nacional; esto como lastre de la herencia colonial, mecanismos de fuga de divisas y el continuo endeudamiento inducido a nuestros Estados-nación para mantenerlos arrodillados.

Las guerras por el control de yacimientos mineros en África y Asia no forman parte de trifulcas tribales, son determinadas y auspiciadas por intereses transnacionales para mover precios, armas, mercados y flujos de mano de obra.

El intento por trasladar dicho estado de excepción a tierras latinoamericanas no ha descansado, más bien se ha intensificado en Venezuela desde que el presidente Hugo Chávez decidiera revocar concesiones a las transnacionales canadienses Crystallex (2008) y Gold Reserve (2009) debido a severos daños ambientales en el área aurífera de Las Brisas y Las Cristinas del estado Bolívar.

Mina Las Cristinas en el estado Bolívar (Foto: Crystallex)

Luego, el mismo Chávez decidió repatriar las reservas en oro ubicadas en bancos extranjeros (valoradas en 11 mil millones de dólares) y nacionalizar la producción aurífera.

El formato de guerra no convencional con elementos paramilitarizados de control territorial armado se hizo viral desde que el gobierno de Barack Obama decretara en 2015 que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria” para los Estados Unidos. Esto ha ocurrido en paralelo con un proyecto propagandístico bien financiado.

BOLSONARO NI ES MADURO NI ES EVO
La condición minera es solo una parte del extractivismo como modelo impuesto a sangre y fuego desde tiempos coloniales hasta la actualidad. De dicho modelo depende gran parte de nuestros pasivos ambientales, ello incluye al agronegocio.

Tasso Azevedo, coordinador de MapBiomas y del sistema de estimación de emisiones de gases invernadero (SEEG, por sus siglas en portugués, financiada por corporaciones similares a las que financian la RAISG), afirma que el sector agropecuario es uno de los principales responsables no solo de la deforestación sino de la emisión de gases efecto invernadero que provocan el cambio climático.

El agronegocio, responsable del 23,5% del PIB brasileño y liderado por la élite terrateniente, generó el 71% de las actuales emisiones brasileñas en 2017, según este informe del SEEG, que curiosamente no fue citado por Singer en su nota.

Lo más notorio del escrito de El País es que nombra tangencialmente la situación que se presenta en la Amazonía respecto a los incendios de vegetación que se han intensificado en el último mes. Tales eventos han demostrado los efectos de la política agraria y ambiental del presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Antes ha aprovechado para enfilar sus cañones contra el gobierno venezolano, que ha convocado una reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), a la que ningún país de la región, excepto Bolivia, ha aceptado asistir para no enfurecer a Trump y sus halcones.

Hablando de Bolivia, sospechosamente la misma constelación de activistas “antiautoritarios” ambientalistas y de derechos humanos intentan culpar a Evo Morales de los incendios en dicho país, aun cuando un informe de la NASA que señala que los incendios se concentraron en Brasil, y otro que explica que la zona más afectada de Bolivia, Chiquitanía, ni siquiera está en el Amazonas.

Así y todo, el grupo Prisa, dueño de El País y socio de la red brasilera O Globo (ariete mediático de la campaña pro Bolsonaro), intensifican su participación en lo que algunos llaman el “Plan Cóndor Mediático”, que consiste en el linchamiento a través de afirmaciones sin juicios ni debido proceso contra cualquier gobierno no alineado a la corporatocracia estadounidense.

MADURO NI ES BOLSONARO NI ES DUQUE
Jair Bolsonaro configuró su equipo de gobierno para defender los intereses agrícolas y pecuarios en un país en el que se ha perdido una extensión del tamaño de Alemania (36 millones de hectáreas) como consecuencia de actividades no solo mineras sino agrícolas y ganaderas.

Según el informe MapBiomas, el sector agropecuario se duplicó en estos últimos 30 años en la Amazonía, cuyo 60% está dentro de las fronteras brasileñas y su deterioro se debe a un modelo agroalimentario ineficiente en el uso de la energía que está centrado en el monocultivo, agroquímicos y el privilegio de los mercados en la toma de decisiones.

En su propia órbita, el presidente colombiano Iván Duque propuso un pacto regional para proteger la Amazonía, aun cuando el acuerdo ya existe desde 1978 y lo componen ocho países del continente y busca el desarrollo económico, la conservación del ambiente y la calidad de vida de las personas que habitan la región amazónica.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció el 22 de marzo de 2017 la creación del Parque Nacional Caura en la cuenca del río que lleva el mismo nombre, con el fin de “proteger el potencial hidroeléctrico, la biodiversidad de la zona e impulsar acciones de saneamiento ambiental por los efectos negativos causados por la minería ilegal”, según se precisa en el decreto que lo crea.

En este territorio protegido se hallan cerca de 900 especies de animales vertebrados y 2 mil 657 especies de plantas; 90% de su superficie está cubierta por bosques de tierra firme y montanos. De esta manera, las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial han llegado a ocupar una superficie aproximada de 67 millones 883 mil 78,85 hectáreas, lo que representa el 66,2% del territorio venezolano.

Para uno de los expertos entrevistados por Singer, “Venezuela ya no es la de 1999, ahora es un país pobre”. No pasa el tiempo en las mentes brillantes.

http://misionverdad.com/columnistas/nota-de-el-pais-confunde-a-nicolas-maduro-con-jair-bolsonaro