El Diario público y oficial de la Alcaldía de Caracas, Ciudad CCs, cuyo representante es el Alcalde del oficialismo Jorge Rodríguez publicó un artículo donde se criminaliza y acusa a la organización de Derechos Humanos Provea de Fomentar crímenes de odio, en razón de la activación de un portal digital Nombre y verguenza el cual apegado a las estrategias de visibilización empleadas a nivel mundial por vítimas de violaciones de derechos humanos permite dar a conocer y señala a los violadores y violadoras de derechos humanos a fin de dejar una memoria histórica de los perpetradores en el marco del principio que a pesar de no poder lograrse justicia interna las violaciones de derechos humanos no prescriben y la justicia es posible lograrla para las víctimas.

Así en el marco de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente realizada violando la constitución nacional y poniendo en riesgo los derechos humanos consagrados en la misma, al conformar una omisión de la verdad presididas ambas instituciones por la ex canciller de la república Delcy Rodríguez para castigar “a instigadores del odio” y la disidencia política, además de a quienes fomentaron el derecho a la manifestación pacífica por el rescate de la democracia y los derechos humanos, se realiza esta campaña criminalizadora y de acusación la cual se suma a una serie de señalamientos y amenazas desde el 01 de abril contra esta organización pionera en Venezuela

Artículo a continuación que publicado de forma digital e impresa y que fue promovido por la red de medios públicos y redes sociales estatales. así como por el partido de gobierno

Textualmente artículo expresa:  

Provea fomenta crímenes de odio en Venezuela

Provea fomenta crímenes de odio en Venezuela

La ONG habilitó una web para exponer al desprecio público a funcionarios gubernamentales y hasta a una periodista que escribió sobre el grupo
12 Agosto, 2017

Con un portal web, , la organización partidista Provea está impulsando los crímenes de odio contra militantes del chavismo, trabajadores de instituciones públicas y funcionarios del Estado, a quienes señala públicamente como violadores de derechos humanos por actuaciones en el marco de sus obligaciones y realizadas para garantizar los derechos de los ciudadanos ante amenazas a su seguridad o que ponen en riesgo su acceso a bienes esenciales.

Tal es el caso, entre otros, de su pretensión de mostrar a los ministros del gabinete del presidente Nicolás Maduro, como violadores de derechos humanos por haber diseñado y aprobado un decreto de excepción y emergencia económica para proteger el derecho de los venezolanos a tener acceso a alimentos y otros bienes esenciales en virtud de las prolongadas acciones que grupos del poder económico habían desarrollado para dificultar la producción y el abastecimiento al menos desde el año 2013.

Se trata del combate a distorsiones como el “bachaqueo” y acaparamiento, mecanismos excepcionales para el suministro de insumos, maquinaria, semillas, créditos y todo lo relacionado para el desarrollo agrícola y ganadero nacional, y la garantía para la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad.

Sin embargo, a los operadores de la agrupación les pareció que esas medidas, que además contemplan el mantenimiento del orden público y la participación de las FANB y de los CLAP en tales tareas, son violatorios de los derechos humanos… probablemente de los acaparadores y contrabandistas.

Podría hasta comprenderse que se considere las medidas planteadas como no eficaces para el objetivo planteado, pero de allí a calificarlas como una violación a los derechos humanos se trata de una postura que no puede sino calificarse como absurda.

Cabe acotar que los señalamientos que cuestionan la participación de organizaciones del Poder Popular, como los CLAP, con el argumento de que son agrupaciones partidistas, forman parte del proceso de criminalización y descalificación de las instituciones que han surgido como parte de la consolidación del modelo de democracia participativa y protagónica.

Otro conjunto de supuestos violadores de derechos humanos son las rectoras del Consejo Nacional Electoral, a quienes acusan por aprobar la normativa que regula procesos como el intento de convocar a un referendo revocatorio. De acuerdo con ese criterio, la consulta no se realizó por la imposibilidad de los convocantes para cumplir los requerimientos, sino porque las condiciones previstas no lo permitían deliberadamente.

Llama la atención que hace algunos días la rectora Socorro Hernández fue agredida por varias personas en un supermercado de Caracas, quienes esgrimieron en su contra argumentos similares a los publicados por Provea.

Asimismo, resulta alarmante que entre los acusados como violadores se encuentre una comunicadora que además no es funcionaria gubernamental ni trabajadora del Estado.
Se trata de Antalya Díaz, quien en abril pasado firmó una nota en Ciudad CCS, que recoge valoraciones sobre el desempeño de Provea realizadas por organizaciones de análisis, como el portal web Misión Verdad, o voceros del Estado. Sin embargo, en una acción de injustificada retaliación, decidieron “condenar” a la periodista, para lo cual publicaron su nombre, foto, datos de identidad y lugar de trabajo.

Estas acciones, visto además el ataque que sufrió la rectora del CNE, innegablemente podrían encuadrarse en la promoción de crímenes de odio que pueden provocar lesiones y hasta la muerte de quienes han sido incluidos en el “muro”, como lo llaman.

“Es un instrumento de la oposición”

Para el sociólogo y experto en derechos humanos, Antonio González Plessmann, quien formó parte del equipo de Provea hasta el año 2006, esa organización perdió la rigurosidad con la que alguna vez hizo su trabajo.

—Cuando uno mira la lista de personas y causas por las que se les expone al escarnio público, se consigue desde militares acusados de un uso desproporcionado de la fuerza hasta un funcionario que se comprometió a impulsar una consulta con los pueblos indígenas sobre la explotación del Arco Minero del Orinoco, que luego no se concretó u otro que no actuó como ellos esperaban, en un caso concreto. Meter a toda esa gente, en el mismo saco de violadores de DDHH, sin pruebas y sin clasificación rigurosa, es claramente una falta de seriedad y de competencia técnico-política.
Asegura que esa falta de rigurosidad es consecuencia de la desaparición del pluralismo interno en la organización. “Provea viene, en los 80 y 90, de acompañar en clave de DDHH las luchas contra el neoliberalismo y el puntofijismo. Tenía una tradición de debate interno muy rica, que le permitió incluso sortear con dignidad y sin perder rigurosidad, hasta 2005, las diferencias internas en torno al impacto de la Revolución Bolivariana en los DDHH.”

A su juicio, en la actualidad, no puede decirse que se trate de una organización autónoma de DDHH, sino de un instrumento político de la oposición venezolana y la derecha local.

“Tienen todo el derecho del mundo de posicionarse políticamente, pero deben hacerlo explícito y no esconderse baja una máscara de independencia”, precisa González Plessman.

—¿Que antecedentes pueden explicar esta acción? ¿Es válida como garantía de DDHH?

—Provea señala que se inspira en prácticas del movimiento de DDHH del cono sur, como el escrache utilizado contra los genocidas de las dictaduras militares. En Argentina solamente hubo más de 30.000 desaparecidos y la impunidad ha sido, hasta la llegada del Kichnerismo, la norma en todos esos casos. Cuando uno mira la calidad del trabajo de documentación y prueba de las organizaciones de DDHH argentinas, por más de tres décadas, comprende que realicen formas de exposición pública a genocidas que han quedado absueltos por el Estado. Pero solo atreverse a comparar esa realidad con la venezolana, es una prueba del fanatismo político y falta de seriedad de esa organización. Ponen en el mismo lugar a un militar genocida argentino con 3 décadas de impunidad y a un funcionario de DDHH del Estado que hizo esfuerzos, aunque sin éxito, por impulsar una consulta con pueblos indígenas, que no ha cometido ningún delito y, de hecho, debería ser considerado un aliado de cualquier movimiento de DDHH del país. La exposición pública, sin que incite a la violencia, puede ser una garantía social de los derechos humanos.

Cuando un violador grave de derechos humanos pasea su impunidad y privilegios ante un Estado cómplice y una sociedad que reclama justicia, éste puede ser un recurso válido. Para que eso sea así, debe haber expedientes bien sustentados, deben priorizarse los casos más graves y debe someterse a debate en la sociedad, el porqué de la impunidad. Pero la libertad de expresión tiene límites. Si acusas a alguien, si lo señalas públicamente, debes poder demostrar lo que afirmas. Si causas daños a su honra o reputación sin bases o con bases débiles, debes asumir las consecuencias legales y políticas de tu exceso. Es el caso de Provea con esta página. Si yo fuera Tarek William Saab o Larry Devoe (Secretario del Consejo Nacional de DDHH), acusados en esta página de violadores a los DDHH, los demandaría civilmente, sin duda.

—¿Esa página puede estimular agresiones como la de la rectora del CNE?

—Sin duda, sí. Venezuela vive una escalada de conflicto y es posible encontrar vínculos entre incitaciones públicas al odio (que es un delito en sí mismo) y expresiones concretas de violencia. El General de las guayas y los motorizados degollados; el sociólogo de los materos y una víctima en La Candelaria; el discurso clasista y racista de una parte de la oposición y las personas de tez morena quemadas. La conexión entre el discurso y la acción es muy difícil de probar penalmente, porque no se trata de relaciones causa-efecto, pero en términos de responsabilidad política, no cabe duda de que quien en la Venezuela de hoy promueve discursos de odio es responsable de facilitar la violencia concreta. El carácter de clase del liderazgo opositor les impide ver que su racismo les fluye naturalmente como el sudor en las marchas. Pare ellos, el chavismo equivale a pobres, negros y delincuentes. Todo lo que desprecian. En consecuencia, construyen un discurso negador del “otro”, que es antesala o caldo de cultivo de hechos de violencia. Provea, que alguna vez acompañó a los movimientos populares del país en sus luchas por la democratización de la vida, hoy acompaña a las élites racistas que encarnan la dictadura del capital.

VÍCTOR HUGO MAJANO/CIUDAD CCS
ILUSTRACIÓN ETTEN CARVALLO