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CIDH presentó informe sobre criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en Las Américas

002cfb11-9e1b-4086-b7ed-20b65a94eba0En el marco de su 157 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este 09 de abril el Informe Temático “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, en el que se analiza de forma detallada el uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos en Las Américas.

 

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido de forma continua información apremiante corroborando que las y los defensores en las Américas son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento en diversos contextos, con el fin de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen. Esta situación es de suma preocupación para la CIDH ya que el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho”, destaca el resumen ejecutivo del informe presentado por el organismo hemisférico.

 

La CIDH resalta la importancia de la labor que cumplen las y los defensores de derechos humanos para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. “[Las y los defensores de derechos humanos] contribuyen de manera especial a la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en las Américas, así como en el apoyo a las víctimas, la representación y defensa de personas cuyos derechos se ven amenazados o violados. Sus actividades de vigilancia, denuncia, difusión y educación contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues luchan para combatir la impunidad.”

 

El informe describe los principales patrones de amenazas y obstáculos a la labor de las y los defensores de derechos humanos en la región, partiendo del uso indebido del derecho penal para criminalizar las actividades de defensa de derechos humanos; los pronunciamientos de funcionarios públicos que acusan a defensoras y defensores de la comisión de delitos en la ausencia de decisiones judiciales; la criminalización de los discursos de denuncia de violaciones a derechos humanos y el derecho a la protesta social pacífica: las Leyes de desacato; los tipos penales que castigan recibir financiamiento extranjero en el marco de convenios de cooperación internacional; el uso indebido de tipos penales de lucha contra el terrorismo y otras leyes relativas a la seguridad nacional en contra de defensores y defensoras; el uso indebido de tipos penales para estigmatizar a las personas defensoras y criminalizar la promoción y protección de los derechos de personas LGBT; las detenciones ilegales y arbitrarias; la aplicación de medidas cautelares con el fin de criminalizar la labor de defensoras y defensores; y los efectos de la criminalización en los defensores y defensoras desde la dimensión social, familiar, económica, entre otras.

 

El informe analiza distintos casos de amenazas y obstáculos a la labor de defensores de Las Américas, entre los que se incluyen las reiteradas campañas y actos de hostigamiento, estigmatización, descalificación y ataques a la integridad física de defensores y ONG de Venezuela, promovidas por altos funcionarios del Estado. La CIDH desarrolla jurisprudencia y estándares que deben ser asumidos por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) como buenas prácticas para garantizar la vigencia de los derechos humanos y el derecho a defender derechos, en el marco de la construcción y consolidación de sociedades más democráticas.

 

La CIDH ha expresado constantemente su preocupación por la persistencia de situaciones de amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, y por la creciente criminalización de sus actividades en contextos de amenazas generales a las libertades democráticas y al ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía.

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