Artículo de opinión titulado: “Ongs y la Cumbre de las Américas: agudización del expediente contra Venezuela”

Fecha: 07 de abril de 2015

Textual:

Cronológicamente hablando

El “Decreto Obama” ha servido de catapulta para que los distintos frentes políticos contra la Revolución Bolivariana amplíen, a una mayor velocidad, su rango de acción y sus capacidades de generar efectos multiplicadores en el terreno mediático.

Desde el 9 de marzo el marco temporal de la arremetida internacional ha venido acelerándose vertiginosamente. Es decir, ha aumentado la sobrexposición y el liderazgo de las Ongs no simplemente circunscritas a los “derechos humanos”, mientras que la moribunda Cidh potencia pronunciamientos y medidas unilaterales hacia Venezuela.

Observemos, pues, cómo después del “Decreto Obama” se han venido acomplando internacionalmente los frentes mediáticos y políticos contra Venezuela mediante el “liderazgo” (financiado por George Soros, la NED, la USAID, etc., y entrenados por Freedom House) de las Ongs.

Sólo días después del “Decreto Obama” la Amnistía Internacional publicó un extensísimo informe sobre la violación de “derechos humanos” en Venezuela con el propósito de resucitar el imaginario salidero del año pasado. El informe mezcló, de forma bastante irresponsable, a las víctimas de la violencia guarimbera con las detenciones realizadas hacia sus responsables directos (López, Ceballos, Scarano, Luchesse, etc.). En tal sentido, el objetivo que persigue la publicación juega a triple banda: calificar al Gobierno Bolivariano como “represor” (de la “disidencia” y de las “protestas”), sanear la actuación delincuencial de López y proyectar internacionalmente el liderazgo de la “sociedad civil”, a saber, las Ongs tales como Provea (financiada por la Open Society Foundation de George Soros), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Foro Penal Venezolano (financiadas por la NED y la USAID). Entre otras.

El 17 de marzo la Cidh solicitó al Estado venezolano adoptar medidas cautelares para Alfredo Romero y Luis Betancourt (dirigentes de Foro Penal Venezolano) y Yoseth Colmenares (hermana de la coordinadora general de esta Ong en el estado Táchira).

El 20 de marzo la Cidh volvió a pedirle al Estado venezolano adoptar medidas cautelares para Marco Antonio Ponce (Director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social).
Estos pronunciamientos acelerados y recurrentes tiene como piso una lectura aún más desesperada la realidad: las denuncias realizadas por Diosdado Cabello para desenmascarar la difamación que practican estas organizaciones internacionalmente es tomado por la Cidh como “hostigamiento” e “intimidación”.
El cálculo político es claro: reorientar mediáticamente a las ongs como “perseguidas por el rrrrrégimen” para agudizar el expediente contra Venezuela no por la vía política partidista, sino por la vía de la “sociedad civil desarmada”, como diría Marco Rubio.

Al mismo tiempo que se acortan los tiempos, también se abren nuevos frentes de difamación para agredir a Venezuela por todos los costados posibles. El 17 de marzo la Cidh realizó una audiencia ampliada con ong´s venezolanas. Los temas tratados en la reunión no tuvieron como epicentro los derechos humanos, sino el tema sanitario, económico y social (“la crisis humanitaria”)​.
Veamos cómo se orquestó la difamación contra la Revolución Bolivariana.
Funcamama (Ong que hace negocios con el cáncer) expuso que el Estado venezolano “no ofrece a la población las garantías mínimas de atención a la salud”.
Acción Solidaria en VIH (Ong que hace negocios con los enfermos de SIDA) dijo lo siguiente: “existe un deterioro severo de infraestructuras debido a inundaciones, suspensiones del servicio eléctrico y de agua, hacinamiento, contaminación y la reducción en las camas operativas”. Además se refierieron a la supuesta escasez de retrovirales.
Por su parte la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales dijo: “la escasez de insumos hospitalarios abarca el 80% de los ítems de uso cotidiano e incluso se están reutilizando marcapasos cardíacos donados por familiares de fallecidos”.
La Ong Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, expresó: “Por el contrario, se ha empeñado en fortalecer la Misión Barrio Adentro, a pesar de los insatisfactorios resultados de dicho programa social. La desinstitucionalización del sector salud ha mermado la capacidad del Estado para dar respuestas oportunas”.
Rafael Uzcátegui, director de Provea, mintió sobre lo siguiente: “Los problemas de escasez forman parte del diagnóstico general sobre el retroceso en los derechos sociales. En Venezuela cada vez se dificulta más el acceso a alimentos, no se cumplen las promesas de soberanía alimentaria y no se aumenta la superficie cosechada del país”.

Cabe destacar que el mismo día (13 de marzo) en el cual se fue montando el parapeto de la difamación internacional, Fetraharina (cartel venezolano que representa a las grandes transnacionales del ramo tales como Kraft, Bimbo, Nestlé, y Kellogg’s) afirmó que los inventarios de trigo sólo abastecerían el mercado nacional durante dos semanas.

Corte de caja

Como hemos observado en esta breve cronología, el expediente contra nuestro país ya no gira en torno a los derechos humanos. Sí, sigue siendo un tema de proyección internacional, una causa infame que agita el contexto antes de la Cumbre, pero no es el epicentro.

¿Por qué? Una de las claves de la intervención es la “crisis humanitaria” a imponer en el terreno mediático, y esa maniobra perceptiva no sólo pasa por proyectar internacionalmente a golpistas y conspiradores justamente encarcelados como perseguidos políticos. El límite lo impone la realidad: nadie anda protestando en la calle pidiendo la liberación de Ledezma, López y Ceballos.

Por esta razón se les hace urgente expandir las fronteras de la injuria, de la producción industrial de mentiras en cada uno de los frentes diseñados desde Estados Unidos.

Pero dentro de la agudización del expediente también se agregan licencias para quien desee subir las apuestas en la guerra actual. Es decir, los empresarios traficantes de divisas, los grandes monopolios transnacionales y las enormes cadenas de comercialización obtienen así una patente para arreciar en las mafiosas prácticas de siempre. Al amedrentar la economía nacional, las ongs hablarán de la crisis; y si el Estado decide cortar el mal de raíz, esas mismas ongs defenderán el sagrado derecho a la estafa.

Estas organizaciones financiadas desde Estados Unidos asumen el protagonismo en un contexto donde el vacío político opositor se profundiza. La “sociedad civil” y “la ciudadanía” vuelven a aparecer pero de una forma distinta a cómo se planteó con el chucuto “Congreso Ciudadano” (otro del montón de proyectos fallidos agenciados por María Corina Machado). Ahora tienen la labor de sintetizar, ordenar y mediatizar los flujos de la guerra económica para internacionalizar la “crisis”, generar así apoyos inmediatos (de quien sea) y fungir como lobistas de facto (y de urgencia) ante la moribunda institucionalidad progringa.

Y es tanto así que habrá un evento oenegero regional paralelo a la Cumbre de las Américas donde asistirá Provea con su carpetica de mentiras, injurias y difamaciones contra Venezuela. También asistirá Human Rights Watch (los primeros en reconocer a Carmona Estanga) y Amnistía Internacional, quienes el día de hoy en compañía de 26 Ongs más, salieron a buscar sus aguinaldos antes de la Cumbre, ya el único requisito es mentir sobre la realidad de Venezuela

Extraído de la web de “Misión Verdad”:Obsérvalo aquí